Se restringirán las garantías en cinco municipios del Táchira pero preservando los DD HH

destacadofronteravcrTras la reunión sostenida durante la tarde de este sábado desde el puesto de Comando Presidencial, ubicado en el Palacio de Miraflores, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, citó el decreto presidencial de estado de excepción que se mantiene activo en los cinco municipios del Táchira que tienen frontera con Colombia.

“Quedan restringidas, en el territorio de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del estado Táchira, las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución Nacional”, detalló El Aissami.

Explicó que este decreto se publicará en las próximas horas, y que el mismo se constituye en una medida que esta prevista dentro del ordenamiento jurídico del país, por lo que el Jefe de Estado se encuentra “obligado” a aplicarlo por las circunstancias que se ha vivido en el estado Táchira durante las últimas horas, a fin de proteger a los venezolanos y garantizarles paz y orden público.

“Estamos tomando este decreto para restringir las garantías, pero preservando los derechos inherentes a la condición humana (…) y además este decreto establece los mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos en estos municipios. Es un decreto temporal de 60 días prorrogables y es una decisión que tomará en su momento el Presidente de la República y que afecta estos municipios del estado Táchira”, agregó.

Asimismo exhortó a la sociedad venezolana a tener confianza en el Gobierno, a la unidad nacional para salir victoriosos de esta coyuntura.

Artículos de la Constitución cuyas garantías quedan restringidas temporalmente:

Artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.

Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.

Artículo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Artículo 50. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.

Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas.

Artículo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

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